Por Matias Bari -CEO y cofundador de SatoshiTango
Han pasado doce años desde que Satoshi Nakamoto implosionó el mundo de las finanzas convencionales. Las criptomonedas nacieron de una economía paralela con un espíritu de libertad monetaria y durante un tiempo se mantuvieron al margen, limitadas a una audiencia de nicho de criptófilos, pioneros web, fintechs y emprendedores de nuevas tecnologías.
Una década después de ese big bang encriptado, nombres como bitcoin y ether, entre otros activos criptográficos, se establecieron en el glosario de economistas y gente común replicados por los medios. ¿La razón? A finales de 2019, las fuertes subidas y las inconmensurables ganancias de muchos de los tenedores centraron la atención en el fenómeno. El mercado se desarrolló en volumen y con una alta capitalización bursátil para las empresas que explotaban el negocio. Donde el ojo indiferente solo veía una secuencia numérica de unos y ceros, se registraba un multiplicador de riqueza sin precedentes con efectos que podían traducirse en un espacio económico real. Hoy la agenda política latinoamericana se debate entre la vanguardia pro-cripto que intenta imitar la flexibilidad de Estonia, Letonia y otros países de la ex Europa comunista, y aquellos gobiernos latinos que ven en el avance de las finanzas descentralizadas un demonio digital para que exorcizan con el peso normativo del Estado.
En la experiencia de la región, las normativas propuestas generalmente se enfocaron en identificar intermediarios financieros e intercambios de criptomonedas, otorgar licencias oficiales a estos operadores y, en algunos casos, establecer la necesidad de registrar los datos personales de los usuarios e incluso de los operadores involucrados en las transacciones. . Ansiedad regulatoria de algunos Estados ante el fenómeno criptográfico, de carácter económico sui generis y dinámica mutable, encontró cierta resistencia dentro de la comunidad digital que suele desconfiar de cualquier intento de abrir la noticia, que ven como una intromisión a la privacidad.
El Salvador sacudió el tablero regulatorio hace unos meses al anunciar que sería el primer país del mundo en convertir Bitcoin en moneda de curso legal. Solo 16 artículos fueron suficientes para que el presidente e impulsor de la iniciativa, Nayib Bukele, hiciera este avance. Bukele, con sus cuarenta años y sello millennial, es el presidente más joven de América Latina y un prolífico usuario de las redes sociales con las que busca posicionarse como un líder con un punto de referencia mundial cero. Solía dar órdenes en Twitter a los ministros de su gabinete que retuiteaban sus órdenes con un: “Ahora presidente”, promulgó el Ley de Bitcoin con el objetivo de regular la criptomoneda y reconocerla oficialmente como un activo financiero.
En el país centroamericano, siempre que se ofrezca como medio de pago, los agentes económicos estarán obligados – lo están desde el 7 de septiembre – a aceptarlo en cualquier compra de bienes y servicios, salvo en aquellos casos en que la persona por su limitaciones económicas no cuenta con los recursos tecnológicos para realizar la operación. Para avanzar con la medida, Bukele instaló 200 cajeros automáticos bitcoin en todo El Salvador. BTC no tiene una base monetaria, por lo que el gobierno creó un fondo de 150 millones de dólares para respaldar las conversiones entre el activo digital y la moneda estadounidense. El mandatario confía en que el país ahorrará 400 millones de dólares que sus ciudadanos gastan en las comisiones que les cobran las instituciones financieras por recibir dinero del exterior. ¿Audacia, impulsividad o ingenio? Solo el tiempo puede juzgar lo que sucede en la economía de El Salvador, que hoy funciona como laboratorio para uno de los movimientos regulatorios más disruptivos en criptoactivos.
Menos radicales fueron otras experiencias en la región quien se inclinó hacia un adaptación progresiva de las criptomonedas en la economía. Hasta la legislación de Bukele, el país más avanzado de América Latina en implementar la regulación era México. En su ley Fintech -con sus pros y contras- dedicó un espacio central a los activos digitales, aunque se centró más en las entidades que los emiten y no tanto en las transacciones entre usuarios privados. El Estado mexicano definió el marco de las criptomonedas y habilitó la práctica para las instituciones financieras, pero se limitó a la aprobación de su Banco Central que interviene en todas las operaciones.
La influencia de El Salvador penetró más profundamente en Panamá, que a través de su asamblea legislativa hace días comenzó a discutir un proyecto para regular las criptomonedas y aceptarlas como medio de pago. La iniciativa presenta la novedad de habilitar su uso para cancelar cargas fiscales y deudas con Hacienda, que luego el estado tiene que intercambiar por monedas estables para evitar la volatilidad de una reserva estatal de los criptoactivos más fluctuantes. El proyecto también dedica un capítulo especial sobre minería de criptomonedas, permitiendo la actividad con el uso de energías renovables y obligando a los mineros de la red a pagar el 25% de sus ganancias netas por las extracciones anuales de bitcoin.
En América del Sur, todavía predomina la autorregulación del mercado de criptomonedas aunque también hay proyectos que buscan limitar o definir su alcance. Sobre Uruguay, un proyecto de ley recientemente ingresado tiene como objetivo regular la venta y almacenamiento de criptomonedas para darle un marco legal a la actividad y atraer inversión de capital extranjero. De tener éxito, el Estado sería quien monopolice el otorgamiento de licencias a los diferentes operadores. El avance de la regulación en Brasil es lento y moderado, aunque las autoridades financieras vienen mostrando asentimientos al uso de criptomonedas. Sobre Paraguay Avanza un proyecto vinculado a bitcoin, con similitudes con el caso de El Salvador, pero más enfocado a promover la cripto minería.
En Argentina Los criptófilos se multiplican y prosperan día a día, inicialmente motivados por buscar alternativas a la moneda local y un refugio de los efectos de la inflación, pero su regulación hasta ahora es oscilante. El oficialismo, liderado por el presidente Alberto Fernández, presentó en los últimos meses de 2020 un proyecto, que aún no ha visto la luz, para regular por completo todos los bordes que tocan el universo de los criptoactivos.
La iniciativa desató algunas alarmas entre juristas argentinos debido a su amplitud regulatoria y su vago objetivo de controlar el mercado de criptomonedas. Las contrapropuestas al proyecto sostienen que el Estado, a través de su Comisión Nacional de Valores, tiene que limitarse a adaptar nuevas tecnologías y permitir la creación de valores vinculados a un determinado sistema blockchain. Los especialistas también advirtieron de los riesgos de seguir adelante con una ley que equipara los intercambios con una entidad bancaria tradicional.
Argentina aún no ha definido una posición clara sobre el futuro de las criptomonedas en el país. Sin embargo, recientemente el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, analizó que es necesario enseñar con la población para explicar de qué se tratan estos instrumentos que pueden favorecer el acceso de las personas al mercado de capitales y reconoció el dinamismo que aporta la fintech. Al sistema.
El camino legal de los países de la región es tan heterogéneo como la multiplicidad de monedas que conforman el ecosistema criptográfico. El carácter supranacional con el que se manifiestan estos activos hace que sus transacciones financieras no puedan ser fácilmente intervenidas por los estados, encrucijada de las intenciones regulatorias tanto de los países latinoamericanos como del resto del mundo. La privatización de la emisión monetaria seguirá molestando a los gobiernos, al menos mientras persistan en querer entrenar criptomonedas.
En resumen, que El Salvador adopte Bitcoin como moneda de curso legal es un avance muy importante para el ecosistema. Lo más probable es que veamos su impacto a largo plazo. Es uno de esos eventos que entran en la historia de Bitcoin y las criptomonedas. Así como una vez que se realizó la primera operación con bitcoin, o cuando se adquirió un bien material -como sucedió en bitcoin pizza day-, lo que sucedió en El Salvador es un episodio trascendental. Que un país permita pagar con Bitcoin es algo increíble y no tengo ninguna duda de que será un punto de partida para que otros estados hagan lo mismo.
Por Matias Bari -CEO y cofundador de SatoshiTango
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